En Iguala, y mucho menos en Guerrero, no solo hay 43 desaparecidos, existen al menos 200 familias que buscan a sus seres queridos.

La iniciativa —de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y de la asociación Ciencia Forense Ciudadana— de identificar los restos que se encuentran en fosas o abandonados a lo largo de la entidad abrió una esperanza a decenas de personas que anhelan saber dónde está su familiar.

Cada uno de los que acudieron a la iglesia de San Gerardo, en Iguala, para realizarse pruebas de ADN tiene una herida, algunas acaban de cerrar, pero basta un roce para que vuelvan a abrir.

Tal es el caso de Guadalupe Cano, hermana de Julio, quien desapareció el pasado 13 de enero de 2010 cuando se encontraba en su oficina en el centro de Iguala.

Narra que el abogado de profesión fue sacado de su despacho «a punta de golpes», al principio llamaron a su casa para solicitar una recompensa, pero al dar parte a las autoridades locales «nunca más se volvieron a comunicar».

«Tenemos esperanza en este movimiento. Ojalá puedan dar con mi hermano y esté vivo. Queremos encontrarlo, abrazarlo, besarlo, que esté con sus tres hijos que lo extrañan tanto», confía.

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